Por Redacción Es Noticia
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El Senado aprobó hoy -lunes- un proyecto que propone reducir el tiempo en que los confinados deben esperar para ser considerados a la Junta de Libertad Bajo Palabra.
El Proyecto del Senado 437, de la autoría de las senadoras Joanne Rodríguez Veve y Gretchen M. Hau, enmienda el “Código Penal de Puerto Rico” con el fin de establecer los términos para que personas privadas de libertad cualifiquen para la consideración de la Junta de Libertad bajo Palabra (JLBP).
“Este es un proyecto que busca y es un paso adicional encaminado a transformar nuestro sistema correccional que sin duda debe ser mirado para lograr los cambios necesarios para tener un sistema penal centrado en la rehabilitación de las personas privadas de la libertad. Se busca traducir en acción lo que ya está escrito en palabras en la Constitución de nuestro País. No puede quedarse en palabras bonitas, sino que nos corresponde viabilizar, crear los mecanismos para que ese objetivo se pueda llevar a cabo”, sostuvo Rodríguez Veve.
La Senadora explicó que la pieza legislativa va dirigida a que las personas privadas de libertad con término de reclusión de 50 años podrán ser considerados y evaluadas por la JLBP a los 15 años.
También baja de 10 años a cinco años en caso de los menores. Además, para aquellos delitos de 99 años que al presente pueden ser considerados a los 35 años de reclusión, se reduciría a 25 años.
En el caso de los menores juzgados como adultos reduce el tiempo de 15 años en la actualidad a 10 años, según indica la medida.
En su turno sobre el proyecto, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén se expresó a favor e indicó que “esta es una medida que defendemos y apoyaremos y va en camino de la justicia restaurativa. Nos parece que el propósito es un meritorio”.
Pobreza y rechazo al aumento en la luz
El Senado también avaló la Resolución del Senado 295 que ordena a la Comisión Especial para Erradicación de la Pobreza realizar una investigación continua en torno a la ejecución de las políticas públicas estatales, federales y municipales para combatir la pobreza, el hambre, el desarrollo y la autogestión comunitaria, y del Tercer Sector.
La medida también busca evaluar la utilización de los fondos públicos disponibles para ayudar a las familias de Puerto Rico a salir de los niveles de pobreza; fiscalizar los servicios y el estado de situación de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), con especial énfasis en las comunidades adscritas a esta agencia, la administración de la entidad, incluyendo sus finanzas, operación y el cumplimiento con el ordenamiento legal y reglamentario, según aplique.
El Senado dio paso a la Resolución Concurrente del Senado 19 para expresar el total rechazo al aumento en la factura del servicio eléctrico actualmente conocido como “cargo de transición”. Esto, incluyendo todo cargo directo o indirecto a la autogeneración mediante fuentes renovables, dispuesto en el actual acuerdo para la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), o en cualquier versión futura de este acuerdo.
Nombramientos:
- Lisa Alverio Flores – Procuradora de Asuntos de Menores.
- Alba Iris Calderón Cestero – Presidenta de la Comisión Industrial
- René Acosta y Jorge Jorge Flores – Miembros de la Junta de Directores de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (DMO, por sus siglas en inglés).
Nombramientos en la Judicatura:
- María del Pilar González Moreno – nuevo término como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia
- Julio de la Rosa Rivé – Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia
- Carlos Javier Capó Hernández – Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia
