El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, criticó públicamente a la Oficina de la Contralora luego de que la agencia divulgara un informe de auditoría sobre el municipio, a pesar de que el ayuntamiento había acudido al Tribunal de Primera Instancia para intentar detener su publicación.
Según expresó el ejecutivo municipal en declaraciones escritas, el municipio presentó un recurso de mandamus luego de que la Oficina de la Contralora se negara a permitir una revisión limitada y confidencial del borrador del informe antes de hacerlo público.
“El municipio presentó un recurso de Mandamus luego de que la OCPR se negara a permitir siquiera una revisión limitada y confidencial del borrador del informe antes de su divulgación pública”, sostuvo Alicea Vasallo.
El alcalde aseguró que el tribunal intervino, acortó términos y ordenó a la Contraloría comparecer en un plazo de cinco días para mostrar causa por la cual no debía impedirse la divulgación del documento mientras se evaluaban los planteamientos del municipio.
Asimismo, denunció que la publicación del informe ocurrió sin incluir la posición oficial del ayuntamiento y cuestionó la objetividad de uno de los auditores que participó en la investigación.
“La secuencia completa de actuaciones resulta alarmante”, afirmó el alcalde, quien señaló alegadas irregularidades y cambios en las normas de confidencialidad investigativa tras las reclamaciones presentadas por el municipio.
Por su parte, el contralor auxiliar de Asuntos Legales, Rafael Vázquez, indicó que la agencia atenderá el asunto en los tribunales y evitó ofrecer detalles adicionales debido al proceso judicial en curso.
“Estamos extremadamente confiados en que la Oficina de la Contralora de Puerto Rico va prevalecer en derecho”, expresó Vázquez.
La controversia surge luego de que la contralora Carmen Ana Vega Fournier publicara el informe de auditoría OC-26-29 relacionado con la administración municipal de Cataño. El documento incluye referidos al Departamento de Justicia de Puerto Rico y a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
El informe sostiene que la investigación reveló “un patrón consistente de uso indebido de propiedad, fondos, personal y sistemas del Municipio de Cataño para actividades ajenas al interés público”, incluyendo actividades político-partidistas y decisiones administrativas presuntamente contrarias a la ley.
Entre los principales hallazgos señalados por la Contraloría figura el alegado uso de computadoras y correos electrónicos oficiales para manejar propaganda política, listados electorales y documentos de campaña relacionados con el comité político del alcalde.
Además, se señaló el presunto uso de fondos públicos para materiales promocionales con elementos gráficos similares a los utilizados en campañas políticas, así como el uso de actividades oficiales y redes sociales para promover intereses electorales.
El informe también identificó pagos indebidos relacionados con nombramientos interinos, contratos legales que excedieron los límites autorizados y el supuesto uso de vehículos y equipo municipal para fines privados.
Según la auditoría, se detectaron más de 400 cargos de AutoExpreso sin respaldo documental y uso de vehículos municipales durante fines de semana y días feriados sin registros adecuados.
Como parte de sus recomendaciones, la Contraloría solicitó referidos a las autoridades correspondientes, recuperación de fondos desembolsados indebidamente, evaluación de posibles violaciones legales y medidas correctivas sobre el manejo de la flota municipal y controles internos.
