Roberto Iván Aponte Berríos volvió a ser nombrado hoy como comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en sustitución de María de Lourdes Santiago, quien renunció para aspirar a una candidatura electiva, informó el secretario de prensa de la colectividad, Calixto Negrón Aponte.
«El Comité Central del Partido ratificó la determinación de la comisión política de designar al compañero Roberto Iván Aponte como nuevo comisionado electoral, al considerarlo la persona idónea para sustituir a María de Lourdes Santiago por su experiencia y sus conocimientos en los asuntos electorales y, porque podía darles continuidad a unos esfuerzos de carácter electoral ya iniciados de cara a las próximas elecciones generales», indicó Negrón Aponte.
Las dos prioridades de Aponte Berríos serán:
la inscripción de nuevos electorales jóvenes.
la reactivación o reinscripción de electores independentistas que han identificado como inactivos en sus listas electorales.
«Estas dos prioridades, junto a los esfuerzos de movilización para nuestra Asamblea General el domingo, primero de diciembre en el Complejo Ferial de Ponce a la 1:00 pm, constituyen los asuntos de mayor trascendencia en mi agenda. El éxito en estos asuntos ayudará al logro de nuestros objetivos electorales en los comicios de 2020», expresó Aponte Berríos.
Además de Aponte Berríos, quien fuera comisionado electoral en las elecciones del 2012 y 2016, anunciaron la designación de Claribel Lanausse, como comisionada electoral alterna, en sustitución de Adrián González Costa.
«Claribel es una profesional con más de treinta (30) años de experiencia en el ámbito electoral y goza de mucho respeto en la CEE, más allá de la oficina electoral del PIP», puntualizó Aponte Berríos.
La candidatura a la que estaría spirando María de Lourdes sería ratificada en la Asamblea General a celebrarse el domingo, 1 de diciembre en el Complejo Ferial de Ponce.
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció que -el 5 y 14 de noviembre- realizará trabajos de mejoras y limpieza a varias de sus instalaciones localizadas en Juana Díaz y Santa Isabel durante el mes de noviembre.
Uno de los trabajos de mejoras será en la estación de bombas y tanque El Quemao, en el barrio Guayabal, en Juana Díaz. Esas labores comenzarán la mañana del martes, 5 de noviembre y culminarán esa misma tarde.
Comunidades afectadas en Juana Díaz:
Cuevas
La Meseta
Cuevita
Magas
Rincones
Quebrada Grande
“Los trabajos programados garantizarán que sigamos distribuyendo agua de calidad a nuestros clientes cumpliendo con todos los estándares y reglamentaciones vigentes”, indicó Yeidimar Meléndez Ortiz, directora de Área de Coamo de la AAA.
Los trabajos en el municipio de Santa Isabel, los cuales consisten en el lavado del tanque Peñuelas, están programados para comenzar en horas de la mañana del martes, 12 de noviembre. Esperan que el servicio sea restablecido la tarde del jueves, 14 de noviembre.
Comunidades afectadas en Santa Isabel:
Barrio Peñuelas
Parcelas Nuevas
Parcelas Viejas
La AAA tendrá camiones cisterna disponibles en los sectores mencionados, informó Meléndez Ortiz. Una vez se restablezca el servicio de los sistemas se recomienda hervir el agua para el consumo humano durante tres minutos.
De necesitar más información, los clientes pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente en su horario regular de trabajo, de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., llamando al (787) 620-2482, al 1-877-411-2482 (Isla) o el (787) 751-8125 para personas con problemas auditivos. También pueden mantenerse informados accediendo desde su computadora o móvil a www.acueductospr.com
El secretario del Departamento de Salud (DS), Rafael Rodríguez Mercado, informó el viernes que en la página electrónica de la agencia ya está el formulario de consentimiento para cuando se le ofrecen servicios médicos no urgentes a menores.
Esto, a tono con la aprobación de la Ley Número 139, conocida como la “Ley de Consentimiento por Representación para tratamiento Médico no urgente a Menores de Edad”.
“Esta ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa, el pasado 1 de agosto del presente año. A través de la misma, se autoriza que los menores de edad puedan recibir tratamientos médicos no urgentes, sin ser necesaria la presencia de la persona con patria potestad del menor, siempre y cuando, la persona con patria potestad haya autorizado previamente la prestación de estos servicios”, explicó Rodríguez Mercado en declaraciones escritas.
Explicó que todas las oficinas médicas, organizaciones o lugares que ofrezcan tratamientos no urgentes a menores de edad deberán obtener el consentimiento, para ser cumplimentado por quienes tengan patria potestad, previo a que se brinden los tratamientos médicos a los menores. El mismo está disponible en www.salud.gov.pr .
Según abundó el funcionario, se entiende como “tratamientos médicos no urgentes” aquellos tratamientos médicos que no son emergencia. Esto incluye tratamientos rutinarios o de seguimiento, como: servicios ambulatorios, servicios dentales, servicios de rayos X, exámenes de laboratorio, servicios de inmunización o cualquier otro servicio de salud que cumpla con las características mencionadas.
“El consentimiento debe ser prestado previo a que se brinden los tratamientos médicos y deberá suscribirlo ante la presencia del proveedor del servicio médico o su personal administrativo. Al momento del tratamiento, el menor de edad deberá estar acompañado de un adulto previamente autorizado, conforme a la voluntad de la persona con la patria potestad. El adulto autorizado deberá acreditar su identidad mediante una identificación oficial”, detalló el secretario.
Sostuvo que la vigencia del consentimiento será indicada por el padre custodio y no podrá ser por un período mayor de un año. La vigencia será a partir de la firma del documento.
La burocracia de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) paraliza y amenaza la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña que llevaría electricidad con energía renovable a Utuado, Adjuntas y Jayuya, así lo denuncia la organización Unidos por Utuado.
“Es sumamente frustrante saber que luego del paso del huracán María nada ha cambiado. Las familias puertorriqueñas aún experimentan apagones frecuentes y las industrias se preguntan la viabilidad de seguir operando en la Isla por causa de la inestabilidad energética. Esta quietud de parte de las agencias creadas para facilitar los procesos para los ciudadanos demuestra no solo una falta de interés de su parte, sino también paraliza el futuro de la tan anhelada transformación energética del país”, expresó Sarahil Nieves, gerente de Proyecto de Unidos por Utuado.
Mencionó que la Cooperativa Hidroeléctrica podría, por la inacción de la AAPP, perder el apoyo con que cuenta de empresas internacionales como PowerSecure, Siemens, Voith y Americas Energy Services. También pone en riesgo la inversión potencial del USDA Rural Utility Services de entre $120 millones a $150 millones de fondos federales en este proyecto de iniciativa cooperativista y comunitaria que busca reactivar las plantas hidroeléctricas ubicadas en los Caonillas y Lagos Dos Bocas. Así se perdería una inyección económica importante para Puerto Rico y vital para una comunidad que quiere ser resiliente y no repetir la experiencia de meses sin electricidad como la vivida tras el huracán María.
Unidos por Utuado plantea que el director de la AAPP, Fermín Fontanes, “no puede seguir penalizando a las comunidades al no cumplir su labor. La Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña sometió formalmente el 1 de julio sus documentos respondiendo a la Solicitud de Cualificación (RFQ, por sus siglas en inglés) del AAPP y al día de hoy, después de contestar varias preguntas adicionales del AAPP, no ha habido respuesta alguna. Los pasos siguientes sería avanzar el proceso para permitir a la cooperativa responder a una Solicitud de Propuesta (RFP, por sus siglas en inglés), pero la falta de acción del AAPP frena cualquier iniciativa”.
“El riesgo es que nuestros colaboradores, que son corporaciones que trabajan a nivel mundial y representa un verdadero Equipo A, se cansen y opten por llevar su expertise a cualquier otro país. Estos aliados vienen a aportar a nuestra infraestructura que lleva décadas sin usarse a capacidad. Sin ellos, no podríamos competir y no podríamos ofrecer energía limpia y renovable a los residentes de la Cordillera Central”, indicó Maribel Hernández, coordinadora de Proyecto de Unidos por Utuado.
La Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico (Ley Núm. 120 de 20 de junio de 2018) autorizó a la AAPP establecer un procedimiento transparente de licitación, negociación y adjudicación para las alianzas relacionadas con cualquier función, servicio o instalación de la AEE y contratos de venta de activos de la AEE relacionados con la generación de energía. La Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley Núm. 17 de 11 de abril de 2019) crea los parámetros que guiarán lo que se supone sea “un sistema energético resiliente, robusto y confiable, con las tarifas justas y razonables”. Esa visión de la ley, sin embargo, choca con la realidad de la burocracia y negligencia de la Autoridad de Alianzas Público Privadas que mantiene un proceso oculto que pone en riesgo proyectos innovadores y sin cualquier progreso. Hay cinco solicitudes emitidas por la AAPP relacionadas con la transformación energética de Puerto Rico y ninguna ha progresado según el calendario establecido por la AAPP, mientras el pueblo queda en espera y en las mismas circunstancias de antes de pasar el huracán María.
“Es hora de que el director de la AAPP, Fermín Fontanes, cumpla el mandato de ley para que podamos rescatar el patrimonio de las hidroeléctricas para el beneficio de nuestras comunidades. Exigimos una respuesta ya.”, concluyó Ineabelle Medina, vicepresidenta de Unidos por Utuado.
La Unión de Trabajadores de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (TUAMA) presentó ante la consideración del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, una propuesta que mejoraría el servicio de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) ahorrándose $2 millones.
El presidente de TUAMA, Alexis Merced, detalló que la primera parte de la propuesta contempla la consolidación en la AMA de las rutas de transporte colectivo que administra la agencia así como la compañía First Transit. Esto permitiría que el servicio fluya eficientemente, la eliminación de servicios redundantes que encarecen el servicio y la captación eficiente de fondos federales.
“Lo que estamos diciendo es que la parte del servicio que estamos trabajando con la compañía First Transit se puede hacer por dos millones menos que lo que se está pagando y con la integración disminuir el tiempo de espera en las paradas y captar eficientemente los fondos federales”, expresó Merced en declaraciones escritas.
Explicó que el señalamiento principal de la Federal Transit Administration, entidad federal que fiscaliza y administra los fondos federales en el sector de transporte, es la redundancia de servicios.
Por otro lado, señaló que la consolidación de la operación permitiría el reembolso por el gobierno federal del costo del combustible que utilizan las unidades y el reembolso del pago de los seguros. Este costo operacional sale, actualmente, del pueblo de Puerto Rico. También, aumentaría la captación de pago por pasaje en $1.2 millones.
El líder gremial precisó que la segunda parte de la propuesta incluye la implementación de sistema de Autobuses de Tránsito Rápido (BRT por sus siglas en inglés). Este sistema de transporte contempla la utilización de autobuses para el movimiento de pasajeros de un punto a otro eliminando las paradas.
“Para Puerto Rico esto no es nuevo. Es lo que hemos hecho durante las Fiestas de la Calle San Sebastián.Hemos transportado hasta 150 mil personas con autobuses que salen desde la Estación Sagrado Corazón hasta el Viejo San Juan sin detenerse. Ese es un buen ejemplo. Imagínese ahora que esto no se haga para tres días al año en específico sino para todo el año. En ese mismo tramo (Estación Sagrado Corazón a Viejo San Juan) se mueven 8 mil personas. Los estudios demuestran que con un BRT aumentaría la utilización a 12 mil personas”, dijo Merced.
Por último, el presidente del sindicato dijo que este es el sistema que el gobierno federal está promoviendo e incentivando para las ciudades y hay recursos para su implementación. Del estudio realizado por la unión, en el primer año de reembolsos, pudieran sumar $10.5 millones en fondos federales para la renovación de flota y gastos operacionales.
La TUAMA es la unión que representa a los conductores, mecánicos y empleados de mantenimiento de dicha corporación.
La jueza del Tribunal de San Juan, Lauracelis Roques Arroyo, ordenó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a entregar a la Federación de Pescadores los documentos que solicitaron sobre los planes de gastos de los fondos federales destinados para la revitalización de la industria pesquera tras los efectos de los huracanes Irma y María.
“… En vista de que la peticionada no demostró la existencia de intereses de mayor jerarquía que el derecho constitucional de acceso a la información pública, se declara CON LUGAR el recurso de mandamus presentado por la Federación de Pescadores”, dicta el documento de sentencia de 13 páginas.
El 8 de septiembre, la Federación de Pescadores sometió esta demanda contra la entonces secretaria del DRNA, Tania Vázquez, ante la supuesta negativa de entregar los documentos sobre las asignaciones de fondos federales de cerca de $11.4 millones. Mientras, Vázquez renunció a su cargo el jueves en medio de señalamientos de una pesquisa federal por irregularidades en el proceso de contratación.
El dictamen judicial establece que la parte peticionada debe entregar a la Federación de Pescadores: copia de cualquier otra comunicación oficial o documento intercambiado entre la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA en inglés) y el DRNA relacionado al plan de gastos para el uso de estos fondos; copia de cualquier propuesta enmendada sobre el plan de gastos que fuera originalmente sometida en el 2018 y copia de cualquier otro documento adicional necesario para viabilizar la participación efectiva de los pescadores en la reunión que ha sido convocada para el 16 de julio de 2019, incluyendo, alguna propuesta para la distribución del uso de los fondos señalados.
Según indica la sentencia, la parte demandada dispone de dos días laborables, venciendo estos el lunes 4 de noviembre, para cumplir con la divulgación ordenada.
El Programa Legado, conocida también como Legacy Professional Association, celebrará el 21 de noviembre, en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey, un foro educativo denominado como Droga versus Uso Terapéutico del Cannabis.
El foro va dirigido a fomentar el entendimiento entre los estudiantes de medicina de la Isla sobre el cannabis medicinal, su uso en tratamientos médicos aprobados y el monitoreo a los pacientes, entre otros temas, para así lograr una clara distinción entre este medicamento científico y la marihuana ilegal que se vende en la calle.
“Para nosotros es bien importante impulsar un debate académico franco y abierto entre los estudiantes de los diversos campos de la medicina en Puerto Rico sobre este novel tema del cannabis medicinal y sus funciones terapéuticas. Existe mucha desinformación en la calle, muchos rumores y asunciones erróneas, particularmente entre la juventud, por eso desarrollamos este tipo de taller-debate, para tener un verdadero intercambio de ideas y conceptos”, explicó el licenciado John Javier Reyes, farmacéutico y director ejecutivo del Programa Legado en Puerto Rico.
Desde el 2015 se autorizó el uso del cannabis medicinal con propósito investigativo y de tratamiento para condiciones crónicas como el dolor, espasmos musculares, cáncer, esclerosis múltiple, fibromialgia, migraña, y entre otros.
El público se encuentra carente de información y existe mucha desinformación afuera. Según recalcó el Licenciado en Farmacia, “es necesario saber que existe en el mercado diferentes productos con el cannabis medicinal y no son iguales. Por eso la importancia de educar sobre la diferencia entre THC, CBD o Hemp y como debe ser el tratamiento de cada uno de ellos o en combinación. Este tipo de foro es perfecto para educar a los nuevos estudiantes de medicina, quienes en el futuro trabajaran con este tratamiento”.
LEGADO es una organización estudiantil que ayuda en la capacitación académica y profesional de sus miembros a través de talleres a la formación de profesionales completos y así lograr la admisión a un programa graduado. El programa cuenta con capítulos en siete instituciones universitarias de la Isla, incluyendo los recintos de Cayey y Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
El taller será celebrado el mencionado día a la 10:00 am en el Salón 301 MMM de dicha universidad.
La empresa Caribbean Produce Exchange aclaró, mediante comunicado, el viernes que las manzanas que ellos distribuyen no están relacionadas al brote de Listeria identificado en diversos mercados de Estados Unidos a raíz del comunicado emitido por la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA).
“A raíz del comunicado de la FDA con respecto al brote de Listeria en los Estados Unidos y el retiro de manzanas en diversos estados, queremos informar y aclarar al público, así como a todos nuestros clientes que la manzanas que distribuimos no están relacionadas con este brote”, destacó por escrito Ángel Santiago, presidente de Caribbean Produce Exchange.
Indicó que el brote anunciado en frutas se ha identificado en manzanas de la empresa North Bay Produce, con sede en Traverse City, Michigan. Las mismas, fueron retiradas voluntariamente del mercado en ocho estados de la nación, incluyendo Florida, Illinois, Kentucky, Louisiana, Michigan, Carolina del Norte, Texas y Wisconsin.
Santiago aclaró además que la empresa North Bay Produce no importa ninguna de las variedades de manzanas retiradas en el mercado norteamericano por esta situación, y en sus inventarios de frutas tampoco hay productos que hayan sido adquiridos en dicha planta, por lo que sus manzanas y frutas frescas no han sido afectadas por la alerta emitida por la FDA.
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó que el alcalde popular de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, incurrió en «negligencia inexcusable» al contratar a la compañía LR Handyman Services por un contrato que comenzó en $1.2 millones y para el que no realizó subasta.
La Resolución del PFEI propone suspender al alcalde de empleo y sueldo durante un periodo de 10 días. El salario mensual del alcalde de Villalba es de $6,000. Diez días de suspensión implica alrededor de la mitad de ese salario.
El alcalde tiene cinco días para impugnar la sanción, no así la «negligencia inexcusable» que fue adjudicada, explicó el representante penepé José Enrique Meléndez, quien radicó la denuncia y señaló que el empresario es aportador al partido en el que milita el alcalde.
Negligencia inexcusable, según la Ley de Municipios Autónomos, es la acción u omisión manifiesta, injustificada y que no admite excusas de descuido o incumplimiento por parte de un alcalde o alcaldesa para con las responsabilidades y obligaciones del cargo, de tal dimensión o magnitud que constituye una falta de gravedad mayor para la disciplina y eficiencia de la función pública, que implique la conciencia de la previsibilidad del daño y la aceptación temeraria, sin razón válida para ello, menoscabando de esa manera los intereses y/o derechos del pueblo».
La Resolución del PFEI establece que «el Alcalde incurrió en actuaciones sancionadas» en el Plan de Reorganización Núm. 1-2020, específicamente en el Art. 14, Inciso (c) el cual se refiere al abandono inexcusable y negligencia inexcusable en el desempeño de sus funciones que resulta lesiva a los mejores intereses públicos.
Hernández Ortiz reaccionó molesto por todo el proceso y la determinación. Aseguró que estaría radicando la impugnación. “Este es un proceso altamente abusivo y atropellado. Tengo cinco días para pedir una vista administrativa y nadie dude que así lo haré», expresó.
«Voy de frente y como en ocasiones anteriores, venceré contra esta injusticia, con la ayuda de Dios y el apoyo de mi pueblo”, dijo el abogado y también vicepresidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.
De la investigación llevada a cabo surge que, para los trabajos en la urbanización Alturas del Alba, no hubo una subasta pública, en clara violación a la Ley de Municipios Autónomos. Todos los contratos con LR Handyman Servicies, Inc., fueron otorgados sin haber llevado a cabo una subasta para los trabajos contratados».
Resolución – DJ-2017-008 (AF)
La controversia surgió en el 2011, cuando Hernández Ortiz no era alcalde de Villalba, según desglosa la Resolución del Panel sobre el FEI- Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD).
Cadena de eventos:
2011 – Agosto – Gobierno decreta estado de emergencia ante paso tormenta Irene.
2011 – Agosto – Municipio de Villalba también decreta estado de emergencia.
2012 – Noviembre – alcalde de Villalba (Waldemar Rivera) declaró otro estado de emergencia en la urbanización Alturas del Alba, relacionados a los daños de la tormenta.
2012 – finales – renuncia alcalde Waldemar Rivera, ahora juez.
2013 – Febrero – Luis Javier Hernández Ortiz asume la alcaldía.
2013 – Julio – firma el contrato con LR Handyman Services por $1.2 millones para reparar los daños.
2014 – Junio – aumenta el contrato a $1.3 millones.
2015 – Agosto – vuelve a aumenta el contrato a $1.5 millones.
2016 – Febrero – nueva enmienda al contrato lo lleva a $1,664,366.
El PFEI establece en su Resolución que «el contrato del 31 de julio de 2013 (Hernández Ortiz ya había asumido la poltrona municipal) no contienen explicación o fundamentos por el cual no se llevó a cabo la subasta que requiere la Ley de Municipios Autónomos».
Hernández Ortiz insistió en que el Panel investigó este caso «durante dos años y tuvo que reconocer que no había cometido delito alguno. Ahora, que los ojos del país están puestos en Villalba de forma positiva, gracias a la iniciativa del Consorcio Energético de la Montaña, vienen a tratar de manchar reputaciones sin tener ningún fundamento válido en derecho ni en los hechos”.
Además, destacó que «este caso nunca fue señalado por el Contralor en sus informes de auditoría. Lo que este servidor ha hecho es darle continuidad a un proyecto necesario para la comunidad de la urbanización Alturas del Alba. Este proyecto se culminó y fue inspeccionado por todas las agencias concernidas. De hecho, no hubo que devolver un solo centavo. Aquí no se ha cometido ilegalidad alguna”, insistió.
No obstante, al Resolución del PFEI señala que «del Informe del Abogado Investigador surgen violaciones a la Ley Electoral, sin embargo, por este asunto encontrarse bajo investigación del Contralor Electoral y, en ánimo de no afectar la investigación en curso por parte de esa institución, no intervendremos».
El documento especifica que la suspensión de empleo y sueldo por 10 días implica que durante ese tiempo el alcalde «Hernández Ortiz, no podrá visitar las instalaciones municipales, reunirse con el personal del municipio. ni dar instrucciones, por sí o mediante tercero, sobre la administración o labores de dicho municipio. Tampoco podrá hacer uso, en forma alguna de bienes muebles pertenecientes al municipio, entre ellos, vehículos. computadoras o teléfonos, entre otros».
[pdf-embedder url=»http://esnoticiapr.com/wp-content/uploads/2019/10/RESOLUCIÓN-DEL-PANEL-CASO-ALCALDE-DE-VILLALBA-UPAD.pdf» title=»RESOLUCIÓN DEL PANEL CASO ALCALDE DE VILLALBA – UPAD»]
El municipio de Ponce y el Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) firmaron lo que denominaron un ‘Convenio General de Colaboración Académica e Intercambio’ que permitirá a los estudiantes de los programas de Enfermería, Trabajo Social, Educación Preescolar y Terapia del Habla y Lenguaje realizar su práctica en las dependencias municipales.
“El desarrollo económico de nuestra Ciudad está enmarcada en la formación profesional y personal de sus residentes. Apoyar gestiones como estas permiten que lo que tanto anhelamos, sea totalmente posible”, informó la alcaldesa María Meléndez Altieri.
Los servicios de los estudiantes serán en oficinas como las de Asuntos al Ciudadano, Head Start y Early Head Start. El acuerdo tiene el fin, según explicó, de promover experiencias académicas y el desarrollo de proyectos que proveerán una formación profesional entre ambas partes.
“A cambio, los empleados municipales tendrán la alternativa de asistir al SUAG para tomar cursos de Educación Continua, y tomar charlas o talleres de capacitación profesional. Además, el Municipio Autónomo podrá utilizar las facilidades en Ponce para llevar acabo adiestramientos, reuniones, actividades y otras experiencias”, indicó la Alcaldesa.
El acuerdo estipula que la UAGM en Ponce colaborará con el municipio en la organización y participación de ferias de salud, así como otras actividades para mejorar la calidad de vida de los ponceños. La colaboración tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2021 y no tiene impacto presupuestario, se informó.
“Estamos agradecidos de esta oportunidad que le brinda el ayuntamiento municipal y su alcaldesa, a los jóvenes, para que realicen practica de su profesión en las distintas dependencias municipales”, dijo David Méndez, representante del SUAGM.
