La Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental una serie de hallazgos relacionados con presuntas irregularidades en procesos de compras y desembolsos en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), incluyendo el uso de documentos con información falsa para justificar pagos realizados con fondos públicos.
El anuncio fue realizado por el Contralor Auxiliar del Área Legal, licenciado Rafael Vázquez, quien explicó que la investigación fue llevada a cabo por la División de Investigaciones Especiales de la OCPR y abarcó el período comprendido entre el 17 de febrero y el 18 de julio de 2023.
La pesquisa surgió tras la presentación de una querella relacionada con la tramitación de una compra y el desembolso correspondiente dentro de la agencia. Como parte de la investigación se realizaron entrevistas, análisis de documentos, revisión de sistemas internos y validación externa de información suministrada por funcionarios y suplidores.
Según el informe, las irregularidades detectadas culminaron en la aprobación y pago de una orden de compra respaldada por documentos que contenían información falsa e incorrecta.
El hallazgo principal señala que la Junta de Gobierno del CRIM tramitó una orden de compra por $1,000 para la adquisición de alimentos destinados a una reunión ordinaria programada para el 23 de febrero de 2023. Sin embargo, tras la cancelación de dicha reunión, funcionarios realizaron gestiones para justificar el desembolso alegando que los alimentos fueron utilizados durante un supuesto “Adiestramiento de Propiedad Mueble para el Colegio de CPA”.
No obstante, la investigación determinó que dicho adiestramiento nunca se llevó a cabo. El director ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos Autorizados certificó que la entidad no ofreció ni recibió adiestramientos en el CRIM durante la fecha indicada. Además, empleados cuyos nombres aparecían en las listas de asistencia aseguraron que no participaron en ninguna actividad de esa naturaleza y que sus firmas fueron solicitadas para justificar el pago relacionado con los alimentos.
La investigación también reveló la existencia de un correo electrónico en el que se solicitaba alterar la cuenta presupuestaria originalmente utilizada para la compra, así como una certificación firmada por un funcionario con información falsa y hojas de asistencia vinculadas a una actividad inexistente.
Asimismo, la OCPR encontró que la compra fue gestionada mediante una sola cotización, incumpliendo los requisitos reglamentarios que exigen competencia justa entre suplidores, situación que podría propiciar pagos excesivos y limitar la transparencia en el manejo de fondos públicos.
El informe concluye que las situaciones identificadas evidencian deficiencias significativas en el cumplimiento de la ley y una marcada ausencia de controles internos en los procesos de compra, aprobación y justificación de pagos dentro del CRIM.
La Oficina de la Contralora advirtió además que la creación y utilización de documentos falsos, así como la certificación de actividades inexistentes, comprometen la integridad administrativa, reflejan falta de ética en el desempeño de funciones públicas y podrían constituir violaciones al Código Penal de Puerto Rico.
Ante estos hallazgos, la OCPR remitió el referido RDIE-1464-5675-26-56 al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental para la evaluación y acción correspondiente. También recomendó a la Junta de Gobierno del CRIM considerar medidas administrativas y fortalecer de inmediato los procesos de compras, desembolsos y supervisión.
“El manejo de fondos públicos exige absoluta transparencia, controles efectivos y estricto cumplimiento con la ley. Cuando se utilizan documentos falsos o se certifican actividades inexistentes para justificar desembolsos, se compromete la confianza pública y se atenta contra la integridad del servicio gubernamental”, expresó Vázquez.
Finalmente, el informe destaca la necesidad urgente de implantar acciones correctivas y reforzar los mecanismos de supervisión y control interno para garantizar que los recursos públicos sean administrados con integridad, honradez y conforme a la legislación vigente.
