Por Sandra Caquías Cruz
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PONCE – El Partido Popular Democrático (PPD) ganó las elecciones del 2020 con una amplia ventaja para derrotar a la alcaldesa incumbente del Partido Nuevo Progresista, pero faltando pocos meses para las elecciones generales enfrenta uno de sus momentos más convulsos en su historia política y administrativa.
El alcalde Luis Manuel Irizarry Pabón fue suspendido de su cargo mientras enfrenta en el tribunal cuatro cargos de violación de ley.
En la labor administrativa, las riendas del municipio -de manera interina- están en manos de la vicealcaldesa Marlese A. Sifre Rodríguez.
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Y en el rol político, el PPD dilucida quién será su próximo candidato a alcalde de Ponce, esto luego de que llegó a un acuerdo con el representante Ángel Fourquet para que, si el caso del alcalde no se dilucidara antes que finalice febrero, fuera su sustituto político.
Empero, la Alcaldesa interina anunció que ella también estaría disponible para ser la candidata del PPD de cara a las elecciones. Otro nombre que se esgrimió para candidato fue el de Adrian Graham, quien aseguran desistió de esa intención.
Irizarry Pabón, en una entrevista radial, aclaró que el acuerdo no se cumplió con lo estipulado e insistió en que, en ese momento, él era el candidato.
El PPD informó que a más tardar esta semana discutiría que ocurrirá con esa determinación, pero que la dejaría en manos de los ponceños.
Fourquet propone que sea el 6 de junio, en las primarias generales, donde los ponceños populares seleccionen quién será su candidato para la Alcaldía.
Mientras, en el Tribunal se abrió una controversia en torno al caso en contra del suspendido Alcalde porque los abogados de Irizarry Pabón pidieron que el caso fuera asignado a otra región judicial por varias razones, entre ellas, salvaguardar la imagen del Poder Judicial.
«Entendemos que no hay justificación real, ni en Derecho, para la recusación. Nuestro proceder no ha puesto en entredicho la imparcialidad del Tribunal, ha sido el propio imputado y sus representantes legales quienes han minimizado y devaluado la imagen del Poder Judicial», subrayó el juez Rubén A. Serrano Santiago, a quien inicialmente le asignaron el caso.
Otra de las razones fue que, el principal adversario político del alcalde, el abogado Pablo Colón Santiago, recomendó para ascenso a la esposa del juez, la también juez Luz Fraticelli Alvarado.
«Cada vez que un juez solicita renominación o ascenso, el poder Judicial requiere a todos los abogados que han postulado ante dicho juez que lo evalúen», indicó el juez Serrano Santiago en una enérgica Resolución, antes de mencionar que para esos ascensos son tres las evaluaciones que realizan.
Además, los abogados del suspendido Alcalde plantearon que un hermano de la esposa del juez Serrano Santiago tuvo vínculos con una corporación en la que también trabajó Irizarry Pabón.
No obstante, el abogado José Andreu Fuentes, luego aclaró que se trató de una equivocación y era el tío y no el hermano de la jueza Fraticelli Alvarado (esposa del juez al que inicialmente le fue asignada la Vista Preliminar).
«Ese hecho es totalmente falso», afirmó el juez Serrano Santiago antes de explicar que la jueza Fraticelli solo tiene dos hermanos y ambos son ingeniero. Ninguno es médico. «Ninguno ha pertenecido a la corporación Ponce Advance Medical Group… ninguno de ellos trabaja en Ponce ni tiene vínculos con el Municipio de Ponce», aclaró.
El juez Serrano Santiago determinó inhibirse de ver el caso y declaró que lo hacía “motus propio” y no porque hubiese conflicto porque se trató de traer terceras personas que nada están relacionadas con el caso.
Además, fue enérgico, tanto en defender y desligar a su esposa de los señalamientos como al indicar que el abogado Colón Santiago no tiene ningún vínculo con su familia.
El Juez determinó pasar el caso a la otra sala de ese Centro Judicial en la que también dilucidan Vista Preliminar. Empero, la jueza Lizandra M. Avilés Mendoza, quien atiende esa sala, también se inhibió “motus propio” porque su esposo y exalcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, tiene contratos de asesoría con el municipio de Ponce.
La juez Avilés Mendoza dejó en manos de la Jueza Administradora del Centro Judicial la determinación de trasladar o asignar el caso a otro juez.
La jueza Administradora Regional, Lissette Toro Vélez, emitió una Orden en la que informó la designación del juez Daniel López González, del Tribunal de Caguas, a atender la Vista Preliminar de este caso, pautada para el próximo jueves 14 y viernes 15 de marzo.
FEI presenta contundente moción
Mientras, la fiscal especial independiente, Zulma Fúster Troche, emitió una moción de Oposición a Reconsideración de Traslado y señaló que “las circunstancias para solicitar traslado conforme a derecho nunca han estado presente en este caso… El imputado pretende escoger el foro que le van a juzgar a su antojo haciendo uso de argumentos mendaces y carentes de seriedad”.
“Solicitamos de este Honorable tribunal declare no ha lugar la solicitud de reconsideración en relación al traslado de esta causa de acción y que, ante la conducta exhibida por los abogados de la defensa en este caso, las que podrían conllevar violaciones de naturaleza ética eleven los autos ante el tribunal Supremo”, subscribió Fúster Troche.
Fúster indicó a Es Noticia que estaba preparada y que esperará el inicio de la Vista Preliminar.
