SAN JUAN (CyberNews) – El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Manuel Bonilla Sánchez informó el martes que se unieron a la iniciativa de la American Federation of Teachers (AFT), la Unión Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés) y la Federación Americana de Trabajadores (AFLCIO), para realizar una campaña de orientación de las consecuencias que tendría eliminar fondos al Departamento de Educación federal, el cual el presidente Donald John Trump procura eliminar.
Nos unimos a esta jornada con el propósito de concienciar sobre los efectos devastadores de los planes del presidente Donald Trump con el Departamento de Educación federal y ejercer presión a la misma vez para que nuestros funcionarios locales exijan que no se limiten los fondos federales destinados a la educación pública. Con esta jornada nos unimos al Día de Acción para proteger nuestros niños organizado por la AFT, que desde hoy estamos haciendo este ejercicio a nivel federal. Un ejercicio de orientación para toda la comunidad escolar. Como ya todos sabemos, el presidente Donald Trump ha manifestado la intención de eliminar el Departamento de Educación Federal de los Estados Unidos y recortar los fondos federales para la educación pública. De concretarse este asalto a la educación pública, estarían en riesgo la educación y los programas que se ofrecen a millones de estudiantes de toda la nación norteamericana, incluyendo a Puerto Rico”, manifestó Bonilla Sánchez en conferencia de prensa.
Bonilla Sánchez añadió que el 50 por ciento del presupuesto del Departamento de Educación estatal proviene de fondos federales.
Según el líder magisterial, eliminar el Departamento de Educación federal requiere aprobación del Congreso; el presidente sí puede recortarle fondos.
Por su parte, el secretario general de la Local Sindical, profesor Ángel Javier Pérez Hernández, solicitó tanto a la gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón, como al comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera, que apoyen el esfuerzo.
“Desde esta mañana, como parte de la jornada que iniciamos hoy, nos hemos dado a la tarea de orientar a las comunidades escolares y a la ciudadanía en general para crear conciencia sobre la importancia de defender y expandir el apoyo a nuestros estudiantes y a la educación pública puertorriqueña para garantizar el mejor bienestar y el desarrollo pleno de nuestra niñez y juventud. Tenemos a cientos de educadores, coordinadores de la Asociación de Maestros y miembros de nuestras 78 juntas locales entregando sobre 850 escuelas del país material con información sobre la amenaza de estos recortes. Hacemos un llamado para que los padres, estudiantes, maestros, miembros de las comunidades escolares y la ciudadanía en general contacten y presionen a la gobernadora Jennifer González Colón y al comisionado residente Pablo José Hernández, quien es nuestro representante del congreso federal, para que ambos exijan al presidente Trump que no ponga en vigor estos planes devastadores para nuestra educación pública.”, señaló Pérez Hernández.
Bonilla Sánchez sostuvo que de concretarse, los efectos en todos los estados y territorios, incluyendo a Puerto Rico, serían devastadores. Afirmó que 26 millones de niños vulnerables perderían servicios esenciales; 7.5 millones de estudiantes con diversidad funcional (el 15 % de los estudiantes) perderían acceso a los servicios de educación especial financiados por el gobierno federal; 10 millones de estudiantes de familias trabajadoras podrían quedarse sin las becas Pell y préstamos que se otorgan por necesidad económica y unos 12 millones de estudiantes perderían el acceso a programas de educación técnica y profesional.
También detalló los programas de fondos federales que podrían verse afectados en el presupuesto consolidado del DE. Entre estos programas se encuentran: Gastos de funcionamiento en todas las escuelas públicas del país, desde “Kindergarden” hasta duodécimo grado, Servicios educativos de educación especial, Servicios de comedores escolares, Educación vocacional y técnica, Educación de adultos e Institutos tecnológicos. También podrían verse afectados los servicios auxiliares de asistencia técnica y el mantenimiento de las escuelas públicas.
