La alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, asegura que el informe divulgado por la Oficina del Contralor, el cual revela irregularidades en su administración, no indica que hubo malversación de fondos, fraude, apropiación ilegal o uso indebido del dinero.
Una auditoria de la Oficina del Contralor identificó deficiencias en los controles de recaudación, la administración del Parque Recreativo Luis A. “Wito” Morales y la preparación de estados financieros auditados.
La auditoría, la cual reveló dos hallazgos principales e incluye un ‘Comentario Especial’, cubrió operaciones realizadas entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de agosto de 2025 e incluye una opinión cualificada.
Sifre Rodríguez indicó que los señalamientos los atendieron y son de naturaleza administrativa, relacionados con procesos y controles internos.
“El informe debe analizarse con responsabilidad, objetividad y en su contexto completo”, expresó en un comunicado de prensa.
Afirmó que en el documento “no existe un solo señalamiento de malversación de fondos públicos, fraude, apropiación ilegal, uso indebido del dinero del pueblo ni referidos a agencias investigativas o fiscalizadoras. Esa es una realidad que no puede ignorarse”.
Explicó que ese período el Municipio administró millones de dólares en fondos municipales, estatales y federales destinados a proyectos de reconstrucción, infraestructura, vivienda, seguridad, desarrollo económico y servicios esenciales, manteniendo procesos de supervisión y cumplimiento que continúan fortaleciéndose.
En cuanto a los señalamientos específicos, aseguró que fueron atendidos.
- Sobre el Parque Recreativo Luis A. “Wito” Morales, explicó que la Legislatura Municipal aprobó una Ordenanza mediante la cual se adoptó un nuevo reglamento que incorpora controles administrativos más rigurosos.
- Respecto al proceso de recaudación, informó que el Municipio formalizó las designaciones correspondientes de los empleados responsables e implantó los mecanismos documentales recomendados para fortalecer aún más los controles internos.
- En relación con el comentario especial sobre el Puerto de Ponce, señaló que actuó oportunamente mediante la autorización legislativa de las medidas administrativas necesarias y la contratación de un Contador Público Autorizado para preparar los estados financieros correspondientes.
“Gobernar responsablemente no significa afirmar que todo es perfecto”, afirmó.
Dos hallazgos principales detectados en la auditoría:
- Empleadas municipales que realizan funciones de recaudadoras sin tener nombramientos – La auditoria encontró que tres empleadas municipales realizaban funciones de recaudación sin haber sido nombradas ni autorizadas oficialmente para esas tareas. Estas empleadas recibían dinero, utilizaban recibos oficiales y manejaban fondos públicos en distintas dependencias municipales sin contar con autorización escrita. Durante el período auditado, el Municipio recaudó $356.6 millones por diversos conceptos. Las tres empleadas municipales, asignadas a las instalaciones del Centro de Vacunación Municipal Salud al Día y del Albergue de Animales Salvando Vida, efectuaron recaudaciones por $35,646, sin que la alcaldesa les otorgara un nombramiento de recaudador o les emitiera una autorización escrita para ejercer dichas funciones. Estas empleadas ocupaban puestos de asistentes administrativas.
- Reglamento no actualizado para regir las operaciones del Parque Recreativo Luis A. (Wito) Morales – La auditoría determinó que el Municipio utilizaba un reglamento aprobado en 2006, sin actualizarlo conforme al Código Municipal de 2020 ni a la Ordenanza Núm. 17 de 2024. Además, se permitió el uso gratuito de gazebos a ocho personas particulares sin evidencia de autorización conforme a una política pública vigente.
Comentario especial de la auditoria:
- Estados financieros auditados relacionados con las operaciones del Puerto de Ponce – El informe señala que, en los estados financieros auditados del Municipio, para los años fiscales 2023-24 y 2024-25, no se emitió una opinión relacionada con las operaciones del Puerto de Ponce. Esto, debido a que no existía evidencia suficiente ni apropiada que permitiera emitir una opinión conforme a los estándares de auditoría generalmente aceptados.
