Los comerciantes de la zona sur han sufrido pérdidas de hasta 20 % como resultado de los terremotos reportados recientemente, reveló Jorge Arguelles, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD).
“En el casco urbano de Ponce es donde más se han visto afectados los comerciantes. De hecho, muchas de las calles han tenido que ser cerradas por parte del municipio y esto dificulta la entrada del público. Esto, obviamente sumado al miedo que persiste tanto en los comerciantes, empleados y el público en general”, dijo Argüelles en entrevista radial (NotiUno).
“Leí que la compañía de Estudios Técnicos había determinado un promedio de que en el área sur se gastan unos 115 millones de dólares semanales y que de éstas quizás se está perdiendo un 15 o 20 por ciento de ese total de ventas”, agregó.
Ayer también se informó que el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy ya identificó fondos para ayudar a los comerciantes provenientes de la Small Business Administration.
Arguelles sostuvo que el jueves el personal del CUD acudirá a la zona sur para prestar servicios y orientaciones a sus socios, así como a otros pequeños y medianos comerciantes.
“Específicamente lo que queremos es atender a esta población de comerciantes ya que se habla de ayudas al público en general, pero queremos enfocarnos en la rehabilitación del comercio nuevamente en esta área”, indicó.
Tres jóvenes fueron asesinados hoy a balazos en la carretera PR-149, del barrio Lomas, en Juana Díaz, según informó el Negociado de la Policía.
Según el parte policial, dos jóvenes fueron acribillados a balazos frente al negocio «Terraza», antes conocido como «Hillside», localizado cerca de una gasolinera Texaco.
La tercera víctima fue transportado a un hospital del área donde falleció. Los occisos no han sido identificados. Los hechos fueron reportados a las 6:12 de la tarde,
La Policía informó que agentes, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, investigan el triple asesinato. El fiscal de turno se dirige a la escena del crimen,
El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestó nuevamente en la mañana de hoy a la exsecretaria de Educación Julia Keleher, en un caso relacionado con corrupción según informó el periódico El Vocero.
Según el diario, el segundo arresto de la exfuncionaria es por otro caso por otro caso. La periodista Melissa Corea indicó que el FBI permitió que Keleher se entregara en los próximos días en el Tribunal Federal de San Juan.
El primer arresto fue el 10 de julio por defraudar al gobierno federal por varios esquemas y enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y robo de fondos federales.
Otra persona fue arrestada también por el FBI y fue identificada como el desarrollador de origen cubano Ariel Gutiérrez Rodríguez.
Una de estas órdenes fue en el complejo de vivienda Ciudadela, en Santurce. Gutiérrez fue acusado hace unos 20 años en el caso de fraude de sobre $300 millones al desaparecido banco Caguas Federal, a Lorenzo Muñoz Franco y el exbanquero Francisco Sánchez Aran.
Según la acusación, Keleher aprovechó su posición como secretaria de Educación para obtener un apartamento en el condominio Ciudadela, ubicado en Santurce. La adquisición del apartamento por Keleher fue financiado por el contratista Gutiérrez Rodríguez, a cambio de un compromiso de la ex secretaria de Educación para ceder parte del terreno de la Escuela Padre Rufo a una empresa privada.
“Cualquier persona involucrada en el soborno de un funcionario público busca poner sus propios intereses por encima de los del pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, esos partidos corruptos eventualmente pagarán un precio mucho más alto al sistema de justicia penal, y continuaremos entregándolos al tribunal federal. Este ha sido nuestro compromiso con el pueblo de Puerto Rico y tenemos la intención de mantenerlo en los próximos años «, dijo Douglas Leff, agente especial a cargo del FBI.
En total son nueve cargos que incluyen: conspiración para cometer fraude de servicios honestos, fraude electrónico, aceptar un soborno (en el caso de Keleher) y pagar un soborno (en el caso de Gutiérrez-Rodríguez).
De ser hallados culpables, los acusados enfrentan posibles condenas de hasta 10 años por conspiración y soborno de programas federales, y hasta 20 años por fraude electrónico.
El caso está a cargo de los fiscales José Capó Iriarte y Alexander Alum.
Por Redacción Es Noticia redaccion@esnoticiapr.com
Según la información recopilada hasta el miércoles, 700 viviendas colapsaron en pueblos del suroeste de la isla como consecuencia de los terremotos ocurridos en los pasados días, reveló Jesús Vélez, director de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico.
“Estos números cambian. Por el momento estamos hablando de algunas 700 casas totalmente en colapso y tenemos otras que han sido averiadas cientos que van a tener que ser recertificadas porque pueden estar afectadas o severamente afectadas”, dijo Vélez.
“Las que son severamente afectadas por daños estructurales estamos mirándolas para catalogarlas como colapso para que la gente esté segura. Nosotros preferimos entrar en un proceso de construir una casa nueva en este tipo de casos para asegurar que no ocurra ningún evento que vaya a afectar esa familia en el futuro”, explicó el funcionario.
Detalló que todos los días se presentan los datos a las agencias que manejan el asunto. Aseguró están trabajando junto al personal de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA en inglés) y del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), así como con un equipo de infraestructura e ingeniería para certificar e inspeccionar tanto las residencias, como edificios públicos para que FEMA pueda hacer la declaración de desastre mayor y para certificar que las residencias son seguras.
“Es un trabajo difícil. Hemos estado desde el día uno trabajando. Esto ha sido un proceso atípico, hemos tenido que ir a las comunidades, hacemos un análisis. Si surge un sismo hay que volver. Tiene un poco de complejidad a diferencia de un huracán que a la vez que sale de Puerto Rico, puedes ir hacer este tipo de análisis”, detalló.
Mientras, el alcalde de Yauco, Ángel Torres dijo en entrevista en la misma emisora que unas 3,265 viviendas sufrieron daños; 62 colapsaron totalmente; 247 están comprometidas y 467 tienen daños estructurales. “Yauco tiene 15 mil unidades de vivienda y si 3,265 tienen cualquier tipo de daños es un 27 por ciento del total de unidades de vivienda”, dijo el alcalde yaucano al asegurar se están ofreciendo las ayudas a los afectados.
Además, dijo que en ya comenzaron un inventario de viviendas disponibles para relocalizar a los afectados y que adquirirán algunas viviendas que no se terminaron de construir para terminarlas y ofrecerlas a los desplazados.
El Departamento de la Vivienda Federal (HUD) anunció que existen varios edificios de apartamentos a través de todo Puerto Rico, los cuales están aceptando solicitudes de adultos mayores de 62 años o más, con el fin de brindar una vivienda segura a esta población, que pudo quedar desplazada tras los sismos acontecidos desde el 28 de diciembre del 2019.
Los interesados tienen que cumplir con los requisitos de cualificación que estipula que los solicitantes solo tendrán que pagar un 30% de su ingreso ajustado. Mientras, que aquellas personas que no tengan ingresos, no tendrán que pagar nada.
Diseñados para responder a las exigencias de espacio y seguridad de las personas de 62 años o más, existen edificios con unidades disponibles en San Juan (787-769-2054 / 760-3460; Ponce (787-848-5246); Mayagüez (787-849-2082); Aguadilla (787-891-4780, 753-1440); Arecibo; (787-880-3216); Barranquitas (787-857-7908); Ceiba (787-885-4061); Ciales (787-871-0116); Juana Diaz (787-837-3025); Quebradillas (787-895-1419) y Villalba (787-847-4485).
Cada uno de estos edificios cuentan con apartamentos tipo estudio o de una habitación, con baño privado, equipados con gabinetes de cocina, estufa, nevera y calentador; agua gratis y Cable Tv disponible; lavandería; hermosas áreas verdes; estacionamiento; seguridad; guagua propia del edificio; servicio de Trabajadora Social y un calendario de actividades diseñado para los residentes
La Policía investiga el escalamiento en una residencia en Juana Díaz de donde se llevaron un camión, un generador de electricidad, materiales, herramientas y hasta un carrito de jugar golf.
La propiedad fue valorada por el querellante en $60 mil.
El escalamiento ocurrió el 14 de enero en la carretera PR-14, sector Cuatro Calles, en Juana Díaz.
Alfredo Hernández se querelló a la Policía de que alguien forzó el portón principal de la residencia y logró acceso al interior, apropiándose de un generador eléctrico de 7,000 watts, un compresor de aire, una sierra, una caja de herramientas, un televisor de 52 pulgadas, dos sillas de montar caballos, una máquina de doblar metales y un motor para botes de 2.5 HP.
Además, se apropiaron de varios vehículos:
Suzuki, modelo Samurai, año 1994, color Gris con tablilla IPZ-181
Camión Ford 350, color Gris del 1985, tablilla H-33625
Carrito de Golf marca Ezgo color verde del año 1996
Arrastre color gris del año 2000, tablilla 121516A.
La agente López adscrita al Distrito de Juana Díaz, realizó la investigación de inicial y refirió a la División de Daños Contra la Propiedad y Fraude, Zona de Ponce.
Las estructuras declaradas inhabitables tras los recientes terremotos representan un nuevo problema para los gobiernos municipales de la zona suroeste, pues carecen de fondos para financiar la demolición y remoción de esas estructuras.
Hasta ahora el presidente Donald Trump no ha firmado aún la declaración de desastre mayor solicitada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, que sería la única fuente de fondos que recibirían los alcaldes para poder realizar estos trabajos.
En muchos casos los costos de demolición serán exhorbitantes debido a que se requerirá el uso de explosivos para implosionar algunos condominios que por su altura no podrán ser derribados por otros métodos.
De acuerdo con el periódico El Vocero el gobierno y el sector privado esperan que lleguen los fondos federales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para financiar la demolición de estructuras y disposición de escombros.
En su mayoría se tratan de propiedades privadas, como los tres condominios declarados inhabitables en Ponce —Torre Plaza del Sur, El Sureño y Ponciana—, los cuales deberían estar asegurados contra desastres, en el caso de las casas de familias la historia es otra, ya que la mayoría no está asegurada.
Además, el hecho de que algunas de esas estructuras estén aseguradas no garantiza que el dinero que provea la aseguradora alcanzará para pagar la demolición y remoción de escombros.
“Puede haber una intervención de FEMA si es que finalmente decide intervenir en este desastre o podría haber intervención del municipio si entiende que la persona no tiene los medios y está haciendo algo para eliminar un estorbo público o un área de riesgo para los residentes de ese sector”, opinó el ingeniero Carlos Pesquera, recién nombrado asesor de mitigación de daños de La Fortaleza.
En Ponce, a la alcaldesa María “Mayita” Meléndez le urge que se tramite y llegue una contestación afirmativa para la declaración de desastre mayor, porque le allegará recursos para la recuperación por los daños en la ciudad, entre lo que se deberá incluir la remoción de propiedades colapsadas.
En su caso, también tiene edificios públicos que se han declarado inhabitables.
En los otros municipios del suroeste que fueron ampliamente golpeados por los sismos —como Guayanilla, Yauco, Guánica y Peñuelas— también se han identificado como no aptas para vivir cientos de residencias, así como escuelas, edificios privados y algunas estructuras gubernamentales.
“El edificio Torre Plaza del Sur se ubica en la urbanización Perla del Sur, tiene 16 pisos, 60 unidades y 58 de ellas son residenciales, dos comerciales. El Sureño es un edificio de 10 pisos y la mayoría de ellos son estudiantes. El edificio Ponciana es un condominio de 12 pisos y los primeros tres ocupan espacios comerciales”, detalló Meléndez, para significar no solo la proporción del daño a las estructuras, sino la cantidad de familias que se quedan sin hogar.
El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Ottmar Chávez, dijo que en este asunto es importante distinguir que “el programa de demolición de propiedades se aplica de manera diferente a las propiedades públicas y a las privadas”, y esto añade complejidad a la hora de manejar el desastre.
Chávez confirmó que para que FEMA pueda activar las ayudas contenidas en la declaración de un desastre mayor es vital que el presidente Donald Trump firme la solicitud.
Aún no existe un estimado del costo para demoler las estructuras inhabitables y la disposición de los escombros.
Chávez explicó que la demolición de propiedades públicas es parte del Programa de Asistencia Pública de FEMA y es por reembolso. “En este caso el municipio puede realizar el trabajo con su personal o por medio de una contratación. Luego de completar el proceso de FEMA y llegar a una obligación del proyecto, puede solicitar el reembolso”, sostuvo.
El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, aseguró que dos vagones que tiene el Departamento de Salud para atender pacientes en caso de una emergencia están en óptimas condiciones y en funcionamiento y que el hospital móvil de emergencias y trauma fue prestado a la Guardia Nacional de Puerto Rico para la atención médica de los damnificados en Guánica.
La unidad móvil de emergencia y trauma ha sido utilizada anteriormente para reforzar los servicios del Centro Médico de Puerto Rico, como en el caso de la respuesta tras el paso del huracán María. También se ha utilizado para ofrecer servicios médicos en la isla de Vieques, luego del desalojo del CDT, informó en un comunicado de prensa.
“Precisamente ese vagón, está ahora mismo en Guánica. Nosotros prestamos nuestros equipos a la Guardia Nacional, quienes, están trabajando con sus médicos y los está supliendo. El otro vagón contiene las carpas y un centro de mando. De hecho, en Yauco hemos instalado una de esas carpas con aire acondicionado, como parte del ‘Tent City’», explicó Rodríguez Mercado.
Informó que la oficina de Bioseguridad tiene carpas instaladas en varios hospitales. Estas carpas son tipo unidades médicas. «Todo esto forma parte de la respuesta que el Departamento de Salud, incluido ASEM y su Hospital de Trauma, han estado dando tras el estado de emergencia ocasionado por el fuerte sismo que estremeció a la Isla”, explicó.
Aclaró que el segundo vagón se encuentra ubicado en los predios del Centro Médico y que se encuentra en perfectas condiciones. Destacó que una de las carpas será instalada frente a las facilidades del Centro Médico.
“Montaremos el ‘Tent’ por previsión, no porque esté pasando algo malo. La idea es que si ocurriera un sismo más fuerte y, por casualidad, fuera necesario desalojar un área de algún hospital del Centro Médico, ubicar en aquella área designada a los pacientes. En caso de ser necesario, montaríamos las demás casetas”, manifestó, Rodríguez Mercado.
Según explicó el director de ASEM, Jorge Matta, las facilidades del Centro Médico fueron evaluadas por ingenieros estructurales, quienes indicaron que están en buenas condiciones y son seguras, por lo que hasta el momento, el edificio ha pasado todas las inspecciones realizadas.
“Inclusive, cada vez que ocurre una réplica grande, se hacen otros recorridos con los ingenieros y se verifica todo. De hecho, vaciamos uno de los edificios de recursos humanos, de manera preventiva, hasta que se haga una evaluación más profunda, ya que ese edificio sufrió unos daños más considerables”, expresó el director de ASEM.
Matta, indicó además, que las labores y funciones en el Centro Médico se desarrollan de manera normal y que no se han registrado un aumento en casos. Sostuvo que desde que ocurrió el terremoto, ASEM ha estado comunicándose con el Administrador de Traumas.
“Hemos estado trabajando desde el principio que comenzaron los sismos, de hecho, el pasado sábado, el administrador de Trauma estuvo con nosotros evaluando los edificios. Hemos mantenido una comunicación continua y constante con la administración de trauma”, manifestó, mientras reiteró que cuentan con un plan en caso de que ocurriesen casos masivos de trauma en donde, dependiendo del escenario, se activarían las unidades móviles disponibles, se pondría en vigor los acuerdos colaborativos con otros hospitales y/o recurrirían al apoyo del gobierno federal.
Asimismo, destacó que el Centro Médico está estructurado y que cuenta con un plan de desalojo para en caso de una emergencia saber cómo actuar. Sostuvo que los planes de seguridad se han reforzado y se han estado repasando desde la pasada semana en todas las unidades clínicas del Hospital Universitario y de ASEM. Explicó que se ha estado orientando al personal sobre qué hacer si ocurre un terremoto y en caso de desalojar, cuáles son las zonas de desalojo.
“Eso se ha estado haciendo en los tres turnos de trabajo de todos los grupos. Por otro lado, creamos la Oficina de Orientación, Salud y Seguridad para proveer información y orientación a los empleados de ASEM. Si alguien tiene dudas en cuanto a rutas de escape o qué hacer en caso de un huracán o terremoto, puede acudir a dicha oficina. De igual forma, allí también se provee ayuda para el personal que necesite ayuda emocional o psicológica. Esa oficina fue creada para atender específicamente todas las dudas, inquietudes o ayuda emocional a los empleados”, indicó.
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que al momento que siete represas de esa corporación pública se encuentran en operación normal y que las evaluaciones no revelan daños en las estructuras.
“El trabajo de evaluación consiste en medir si hubo algún desplazamiento horizontal o vertical con equipos de agrimensura, corroborar que no haya cambios en la condición de la infraestructura previo al evento y reportar cualquier hallazgo que requiera reparación”, explicó el presidente ejecutivo de la AAA, Elí Díaz Atienza.
Informó que el personal técnico ha visitando siete de las ocho instalaciones:
Carraízo
Cidra
Fajardo
La Plata
Lago Regulador Isabela
Las Curías
Toa Vaca
Las instalaciones de Río Blanco las estarían vistando mañana miércoles.
Los expertos entregarán a la AAA un informe-resumen que documentará los resultados de la inspección. Posteriormente, se someterá un informe final con el análisis y recomendaciones correspondientes.
El resumen del informe de Toa Vaca lo recibieron.
La firma Torres-Rosa Consulting Engineers PSC es la encargada de las inspecciones anuales de seguridad de represas y embalses para la AAA. Debido a la urgencia de las inspecciones, las firmas SALO Engineering PSC y Arcadis Caribe PSC se unió a las labores.
PONCE – A una semana del terremoto que estremeció Puerto Rico y tras el que ha ocurrido sobre un millar de réplica, informes del Gobierno revelan:
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados:
98.76% (1,214,374 clientes) con servicio
1.24% (15,252 clientes) sin servicio
Se mantiene la distribución de agua potable en las comunidades afectadas. Además, la agencia continuará instalando oasis y equipos necesarios para suplir el servicio en las zonas afectadas
Línea Centro de Servicio Al Cliente: (787) 620-2482 (opera los 7 días de 6AM a 11PM)
Autoridad de Energía Eléctrica:
% de clientes con servicio: 99%
9,310 clientes sin servicio por averías en las áreas de Arecibo y San Juan.
Línea para reportar averías (24 horas): (787) 521-3434.
Recursos Humanos inició el proceso de reubicación de los empleados adscritos a la Central Costa Sur.
Se monitorean continuamente las represas como protocolo de seguridad.
Refugios:
Administrados por el Departamento de la Vivienda (DV)
12 refugios
3,939 refugiados
No administrados por el DV (Incluye municipales, otras organizaciones y algunos espontáneos)
30 refugios
4,521 refugiados
Escuelas:
Un reporte actualizado lo proveerían en la conferencia de prensa que se realizará mañana miércoles.
Familia:
Reubicaciones:
134 adultos mayores
26 menores en custodia del Estado.
Estarán dando apoyo al Refugio de Guánica a través de la Universidad Carlos Albizu, Sistema Universitario Ana G. Méndez y Universidad de Puerto Rico recinto de Carolina.
Se coordinó llevar apoyo psicológico al municipio de Ponce a través de Servicios Especializados en Piscología e Integrativos apoyo.
Carreteras:
PR-2 km. 200 en Yauco – Cerrado por seguridad bajo el puente de la PR-359 km. 0.3 en Yauco ya que el puente tiene daños estructurales.
Permanecerá cerrado hasta que se demuela el puente en la PR-359 y se coloque un puente temporero.
PR-52 km. 105.5 Plaza de Peaje Ponce – Carretera cerrada en ambas direcciones.
Están fabricando los refuerzos para los soportes de la estructura. Una vez se reciban los refuerzos se comenzará la demolición del techo de la Plaza de Peaje según el plan de demolición.
PR-167 km. 7.2 en Naranjito – Derrumbe. Está cerrado como medida preventiva.
Identificaron proyecto de emergencia y se estima que la carretera sea reabierta el 1 de febrero de 2020.
PR-333 km. 1.9 en Guánica – Derrumbe. Está cerrado como medida preventiva.
Comenzaron los trabajos de limpieza de la carretera y para corregir grietas en el pavimento. Además, se está coordinando con personal del Departamento de Recursos Naturales para atender los trabajos en los taludes. Se estará dando paso limitado al tránsito local mientras se realizan los trabajos. Se estima que la duración de los trabajos sea de un mes.
Puentes:
Puente PR-127 km 10.7 en Guayanilla – Asentamiento de losa de 2 pulgadas.
Están fabricando los elementos de refuerzo para ser instalados en el puente.
Puente PR-127 km 9.1 en Guayanilla – Asentamiento de la losa de la entrada del puente (“approach”).
Están fabricando los elementos de refuerzo para ser instalados en el puente.
Puente PR-2 km 154.7 en Mayagüez hacia Añasco – Falla en columna. Fue inspeccionado y se asignó contratista. Desvío por la marginal.
Instalaron los dispositivos para el control del tránsito para el desvía por la marginal, incluyendo ajuste en la programación de los semáforos y marcado temporero de pavimento.
Puente PR-335 km 5.7 sobre Río Yauco en Yauco – Sufrió daños en los estribos.
Puente PR-359 km 0.3 sobre PR-2 en Yauco – Daños en viga.
Solicitaron tres cotizaciones a contratistas para aprobación de fondos federales. Se estará demoliendo el puente e instalando puente temporero (“acrow bridge”).
