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En busca de soluciones para evitar robo de metales

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Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

La Comisión de Seguridad Pública inició el análisis del Proyecto de la Cámara 2175 para enmendar varios artículos de la “Ley de Metales de Puerto Rico” y poder actualizar las disposiciones y los procesos referente a la compraventa, el almacenaje y la distribución de metales, y frenar el hurto de estos materiales. 

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A la audiencia pública acudió el presidente del Taller de Reciclaje de Metales, Juan Luis Pagán, quien presentó la necesidad de atemperar la Ley de Metales, al requerir que se “haga justicia a los centros de acopio y reciclaje de mentales legítimos, frente a la competencia desleal, promovida por aquellos que optan por mantenerse al margen de la ley”.

Seguido, la presidente de la Asociación de Centro de Reciclaje de Metales de Puerto Rico (ACRMPR), María Lizardi, endosó la medida de la autoría de los representantes José “Quiquito” Meléndez Ortiz y Félix Lassalle Toro, presidente de la mencionada comisión.

Lizardi esbozó que, “es imperativo que el gobierno cuente con nuestra participación y recomendaciones para el mejor cumplimiento de la ley y sus regulaciones. Somos parte indispensable de la solución”.

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE); Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET), en sus respectivas ponencias, favorecieron cualquier legislación que busque atemperar las leyes vigentes para que se provean las herramientas para una adecuada fiscalización.

En esa misma línea, el Departamento de Seguridad Publica (DSP) apoyó la legislación si se acogen sus recomendaciones. Dentro de las sugerencias, solicitó a que no se incluya el acero, por la amplitud que representaría; y que se autorice el pago mediante efectivo, entre otras.

Mientras, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) mostró reservas en el proyecto de ley, ya que la legislación no brinda protecciones ni contribuye a evitar el hurto de los metales pertenecientes al Estado.