Con peso político empleados públicos que esperan aprobación de ventana de retiro

Por Miguel Díaz Román

redaccion@esnoticiapr.com

Meses antes de la celebración de las elecciones generales, miles de empleados públicos que desean retirarse del gobierno con un pensión favorable podrían convertirse en un grupo de considerable peso político, dependiendo de la desición que tome la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) con un proyecto de ley que crearía una ventana de retiro para empleados públicos cuya pensión será equivalente al 50% del salario que reciben actualmente.

Angel Maldonado, administrador de la página en Facebook “Empleados Públicos ley 447 queremos nuestro retiro”, indicó que la página recibe 60,000 visitas cada mes de parte de empleados públicos que desean conocer el destino del Proyecto del Senado 1616, que propone un plan de retiro incentivado que garantizará una pensión vitalicia de más de $1,500 a partir del 1 de enero del 2021.

“En la Legislatura saben que la página existe y que recibe 60,000 visitas mensuales. Son empleados públicos que desean retirarse y quieren tener una pensión justa”, dijo Maldonado, un empleado del Departamento de Justicia, que ha sido el principal portavoz de parte de los empleados públicos a favor del Proyecto 1616, una medida presentada por la delegación del PNP.

Maldonado evitó expresar el peso político que podría tener el grupo de empleados públicos que realiza 60,000 visitas a su página de Facebook cada mes, pero otros empleados públicos con los que EsNoticia pudo hablar sostienen que el rechazo o la aprobación de la medida tendrá un efecto político.

“Yo creo que en el Senado y en el PNP están conscientes de que hay muchos votos en juego con el Proyecto 1616”, dijo un empleado público que también ha trabajado para la aprobación de la medida y que prefiere mantenerse en el anónimato. El peso político de los empleados públicos que desean retirarse incluye su voto y el de sus familiares más cercanos, según indicó la fuente.

Según la medida, los empleados elegibles al plan de retiro incentivado ascienden a 11,352, que incluyen trabajadores del gobierno central, de las corporaciones públicas y de los municipios. Los empleados elegibles serían aquellos cobijados por la Ley 1 de 1990, que suman alrededor de 1,900, y los de la ley 447 de 1951, que totalizan 9,452. No obstante, el universo de empleados de esta última ley ascienden a 31,019.

La propuesta ventana de retiro incentivado llega en momentos cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha suspendido por un año los recortes al presupuesto del gobierno, debido a los efectos del cierre de la economía decretado para evitar la dispersión del coronavirus, y cuando las finanzas públicas enfrentan serios desafíos a causa del precario desempeño que se proyecta para la economía local en la próxima década. Aún la JSF no ha expresado su posición sobre el Proyecto 1616.

De acuerdo con El Nuevo Día, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agente Fiscal se opone al concepto de retiro incentivado, según surgió durante la evalución de la Ley de Preretiro, cuya propuesta es parecida a lo que propone el Proyecto 1616.

“En la Fortaleza conocen la medida y la están evaluando”, dijo Maldonado, quien ha estado en comunicación  con los asesores de la gobernadora Wanda Vázquez Garced en el asuntos relacionados con las pensiones de los empleados públicos.

De aprobarse este Proyecto sin enmiendas, los empleados cobijados bajo la Ley 447 de 1951 recibirían un beneficio de jubilación que consiste en el 50% de su último salario, un promedio de $1,430 mundiales y un subsidio de seguro médico de $100 mensuales de por vida.

Mientras que los empleados cobijados bajo la Ley 1 de 1990 elegibles bajo esta legislación recibirían un beneficio de jubilación equivalente al 2% multiplicado por el número de años de servicios acreditados hasta el 30 de junio de 2017, hasta un máximo de 46%. Se estima que estos empleados tendrían un beneficio de jubilación de hasta $1,513 dólares mensuales promedio y podrían continuar con la cubierta de plan médico de su patrono por un un año.

Actualmente el costo de la nómina para los grupos de empleados bajo la ley 447 y la ley 1, asciende a poco más de $400 millones anuales.  Aunque el gobierno obtendría un ahorro en los gastos de nómina con la ventana del retiro incentivado, también se comprometería el fondo general con el pago vitalicio de una pensión cuyo costo dependerá del porcentaje del salario que finalmente se apruebe y la cantidad de empleados públicos que se acojan al beneficio.

“Nosotros quisiéramos que se aumentara el porcentaje a 60%, 65 % o hasta 70 %..pero si nos dan un 60 % es justo. No todo el mundo se va retirar porque hay muchos empleados que tienen deudas y tienen hijos estudiando y otras situaciones y no pueden dejar de trabajar”, dijo  Maldonado.

Ha trascendido que la votación final del proyecto en el Senado fue aplazada hasta hoy lunes, debido a que el senador Thomas Rivera Schatz considera varias enmiendas.

La senadora Migdalia Padilla había señalado que por la manera que fue redactado el proyecto, algunos empleados públicos que trabajan en el Departamento de Salud, en asuntos de Medicaid o WIC, no serían elegibles para el beneficio. Alegadamente, la senadora estaría patrocinando enmiendas para incluir esos empleados, que tiene más de 30 años de servicio y no tienen la edad de 61 años, y para aumentar el porcentaje del salario que recibirán los pensionados.